Yacimientos trans-’fronterizos’ dentro las fronteras nacionales

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A finales de 2012, México y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México. “Con esto se termina el viejo temor, que honestamente existía entre muchos mexicanos, de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera, el llamado efecto popote”, explicó el entonces Presidente Felipe Calderón en 2012. “Este acuerdo genera nuevas oportunidades y por primera vez las compañías estadounidenses podrán colaborar con Pemex”.

Hoy, con el beneficio de la retrospección, esta última frase suena optimista pero poco atinada. La reforma energética, que se anunció apenas un año después, cambió por completo el panorama. Pemex ya tiene un socio estadounidense (Chevron) —además de uno australiano (BHP), un japonés (Inpex), un alemán (DEA Deutsche) y una colombiana (Ecopetrol). Pero estos socios no llegaron porque la geología lo dictó, sino porque Pemex y estas empresas fueron conscientes de los beneficios de unir fuerzas para explorar y producir juntos.

En un sentido más profundo, la creación del nuevo modelo energético mexicano reavivó la necesidad de una conversación sobre recursos transfronterizos. Esta vez, sin embargo, las fronteras no son perímetros internacionales sino bordes entre bloques. Prácticamente todas las empresas que han ganado derechos para explorar y producir en bloques ya tienen vecinos: o ganadores de los bloques colindantes, o el propio Pemex, a partir de las áreas asignadas en la Ronda Cero. El bloque 7 de la Ronda Uno, por ejemplo, colinda con los bloques 9 y 10 de la Ronda Dos, recientemente adjudicados a Eni y al consorcio Citla – Capricorn (Cairn), respectivamente. También es adyacente, al sur y al este, con asignaciones de Pemex bajo la Ronda Cero.

La colindancia en la superficie, por supuesto, no necesariamente implica interconexión geológica. Muchos de estos bloques son lo suficientemente grandes para que los yacimientos descubiertos, en los casos exitosos, estén completamente contenidos dentro de un solo bloque. Pero, es posible que haya recursos compartidos entre bloques adyacentes.

A principios del siglo pasado, era común buscar acelerar sigilosamente la producción para ‘capturar’ los recursos del vecino. Pero hoy hay un entendimiento pleno de que esta estrategia no sólo es poco ética, sino también poco efectiva. Las elevadas necesidades de infraestructura y los mecanismos de reporte de información hacen evidente cuando una situación de este estilo se presenta. La historia, también en su mayoría en el siglo pasado, demuestra que una potencial respuesta quid pro quo del vecino sólo resulta en un escenario perder-perder-perder —para las dos o más partes directamente involucradas y para el país en general. Como Grecia Ramírez explicó hace unas semanas, el desarrollo y producción sin una planeación de largo plazo —tal y como sucedería en un contexto de carreras —resulta en el desperdicio de recursos a partir de, entre otras cosas, la despresurización innecesariamente anticipada del yacimiento. Esto  redunda en una menor recuperación de los hidrocarburos.

Para escapar de esta lógica de competencia destructiva, se necesitan reglas claras: un piso mínimo de certeza jurídica sobre los derechos que arrendar un activo representa, un mecanismo que promueva la negociación de buena fe y posibilidades de unificar el desarrollo del yacimiento, en caso de ser lo óptimo.

En México, aunque todos estos elementos están presentes, necesitan definirse con mayor claridad.  La Ley de Hidrocarburos (art. 42) señala que la autoridad responsable de la unificación de yacimientos —entendida como la coordinación de la operación de un yacimiento por todos los actores que tienen derechos sobre él— es la Secretaría de Energía (Sener). En el reglamento de la Ley (Capítulo VI) se detalla que las empresas podrán llegar a Sener con las pruebas de que el yacimiento es compartido y un acuerdo de operación conjunta entre las partes involucradas, el cual deberá ser aprobado.

Sin embargo, se necesitan fortalecer los mecanismos para originar y sostener una negociación realmente constructiva de este tipo de acuerdos entre privados, que eventualmente resulten en la unificación voluntaria de bloques o activos. 

La buena noticia es que México, en la negociación del Acuerdo Transfronterizo, tiene un buen parámetro de la lógica que debe guiar estos conceptos. Si bien este Acuerdo nunca se ha aplicado, sí construyó buenas bases para pensar en un mercado con muchos actores presentes. En nuestro artículo sobre El Reto de Unificar, damos nuestras recomendaciones sobre principios específicos que deben incluirse en las reglas sobre unificación de yacimientos.

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