Por Yeri Gisela Castillo Bautista
México es un país de oportunidades, pero con la necesidad de tener regulaciones claras para poder aprovechar nuestras riquezas. Por ello nace la Reforma Energética en el año 2013, para cubrir la falta de tecnología en el sector petrolero y abrir la brecha de atracción de inversión extranjera, para así poder explorar los pozos a los cuales no puede acceder con recursos propios la empresa productiva del estado, Pemex.
En este cambio tan importante para nuestro país, se crea la Ley de Hidrocarburos, donde se establece que todas las empresas dueñas de contratos, asignaciones o permisos, deben cumplir con un porcentaje Contenido Nacional.
Esta frase ha causado controversia entre las empresas nacionales y extranjeras del sector petrolero, ya que esta regulación se encuentra implícita en los contratos adquiridos posteriores a la reforma del 2013, la cual podemos definir como la obligación de consumir productos y servicios mexicanos.
En esta reforma, debemos tener en claro que las empresas dueñas de los contratos son las responsables directas de cumplir con esta Ley, pero también está previsto que los proveedores del sector son responsables solidarios, al estar obligados a presentar información correcta, completa, veraz y verificable, mediante una carta. Dejando una gran preocupación al proveedor de tener un respaldo documental por los datos plasmados en el documento, o de lo contrario puede ser corresponsable de una onerosa sanción.
En esta regulación existen controversias porque la propia Ley necesita complementos para ser entendida; ejemplo de ello es que en el Diario Oficial de la Federación fueron establecidas las fórmulas y formas de cálculo. Este punto ha causado temor en el sector, ya que, aunque las consecuencias son claras, la metodología es compleja para muchos. Por ello es necesario instruir a la cadena de suministro que tiene cada empresa contratante, dar seguimiento continuo a la información obtenida, validar la información recabada y, en ocasiones implementar plataformas diseñadas para la obtención de Contenido Nacional.
Si bien es cierto que la creación de la reforma buscaba modernizar el sector y generar igualdad de oportunidades para la proveeduría mexicana, debemos hacer notar que la tarea de obtener información correcta es más compleja para a la empresa contratante; en este punto se debe tomar en cuenta que las autoridades encargadas de regular y validar la información son la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Economía, acompañada de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todas están facultadas para sancionar dentro de sus competencias; esta demás decir que SE y SHCP son un complemento perfecto, pues mientras Economía obtiene la información de los contratos, cartas, cálculos e información documental; Hacienda tiene bajo resguardo toda la información comercial, por ejemplo los CFDI de gastos e ingresos, formas de pagos, inventarios, utilidades, etc. Si alguna empresa había dejado de lado el alcance de las autoridades reguladoras, es momento de prestar atención suficiente para escudriñar la información obtenida.
La Ley tiene un buen objetivo, como lo es el consumo de productos y servicios mexicanos, empezando por generar oportunidades en beneficio de una mano de obra mejor calificada, tecnología, infraestructura, etcétera, pero necesita ser más clara en cómo cumplir correctamente con esta obligación.
Por ello debemos preguntarnos, ¿estamos preparados para esta regulación? Si no lo estamos, debemos apoyarnos en la propia Secretaría o en empresas consultoras con experiencia para disipar dudas, para validar la información obtenida y para generar el expediente correcto para hacer frente a cualquier auditoría.
El Contenido Nacional es una obligación pensada para quedarse por muchos años, al estar implícito medularmente en los contratos, asignaciones y permisos, regulación que continúa reformándose para mejorar el cumplimiento de la misma.
Yeri Gisela Castillo Bautista es Project Manager en Smart Fiscal Solutions (Contenido Nacional). Tiene la Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México.
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