Contribuciones de la Industria a la Soberanía y Seguridad Energética: Un corte de caja al 2021

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Por María Fernanda Velasco Barraza

Una política energética exitosa se caracteriza por la diversificación de las fuentes de energía para asegurar su disponibilidad a precios accesibles para la población. A casi una década de la Reforma Energética, analizaremos cómo ha contribuido la industria a fortalecer nuestra soberanía y seguridad energética.

Primero, debemos comprender ambos conceptos. La soberanía energética tiene como objetivo que las comunidades de una región tengan la posibilidad de desarrollar proyectos para la generación, distribución y control de las fuentes de energía que tienen a su disposición y que respetan los ciclos ecológicos sin afectar a terceros. Es una estrategia para obtener la seguridad energética que busca la independencia del país para satisfacer la demanda de sus ciudadanos sin depender de las importaciones.

En los últimos años, hemos sido testigo de la imperante necesidad de construir infraestructura resiliente a los desastres naturales y suministros energéticos apartados de los vaivenes políticos. Ello se logra mediante la diversificación de actores, tanto públicos como privados, para distribuir las cargas financieras y los riesgos geológicos. Otra ventaja es que los contratistas deben transferir al Estado los materiales utilizados en las actividades petroleras a la terminación del contrato. También es una estrategia para que nuestro país se allegue de la mejor tecnología disponible y la experiencia de empresas transnacionales para capacitar a los profesionistas nacionales.

Estos ejes estratégicos fueron puntos torales en la Reforma Energética. Con la apertura del sector a la inversión extranjera, se buscó detener el declive en la producción de petróleo y gas natural mediante el fortalecimiento del mercado nacional bajo estrictos estándares ambientales. El gran reto era y es la disminución de las importaciones de hidrocarburos y petrolíferos.

A la fecha, las compañías privadas han contribuido activamente en el fortalecimiento de nuestra seguridad energética. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta agosto del 2021 se han registrado inversiones en contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos por un monto de 7,896 millones de dólares. Su aplicación ha permitido crear y mejorar la infraestructura para la exploración y la producción de hidrocarburos en campos terrestres y marinos, en especial en campos localizados en aguas profundas y ultra-profundas.

Respecto a las actividades exploratorias, la cobertura de los estudios sísmicos en el Golfo de México ascendió del 35% al 100% con sísmica 2D y 3D. Los resultados se traducen en una mejor estimación de los recursos prospectivos del Golfo y la potencial incorporación de reservas. A junio de este año, 98 empresas están inscritas en el padrón de ARES con 61 proyectos vigentes. Las cuatro empresas con mayor número de proyectos son privadas.

Los éxitos exploratorios se han materializado en 8 descubrimientos por empresas privadas de enero del 2020 a junio del 2021. Sobresalen tres descubrimientos en aguas profundas en un área en la que se calculan recursos prospectivos por 50.5 miles de millones de pies cúbicos (MMMMpc) de gas natural y 13.8 mil millones de barriles (MMMb) de petróleo. En el 2020, de los 1,839 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce) en recursos incorporados, el 27.5% corresponde a los contratistas. Como se aprecia, los actores privados cobran cada año mayor relevancia.

En materia de producción, el total de volúmenes de petróleo para agosto del presente año ascendió a 133,978 barriles diarios y a 214,389 miles de pies cúbicos diarios de gas natural, según datos de la CNH incluyendo Ek-Balam.

Al respecto, el gas natural cobra una especial notabilidad en el aseguramiento de la seguridad energética, ya que el 75% de la matriz necesaria para la generación de electricidad proviene de combustibles fósiles, de acuerdo con el Global Electricity Review 2021. Asimismo, la Secretaría de Energía manifestó que los últimos tres años se ha tenido que incrementar su importación para compensar la disminución en la producción nacional, aumentando la vulnerabilidad energética. Esto se confirma con el balance presentado por el Banco de México que establece que en el primer semestre del 2021 se importó el equivalente a poco más del 70% de la demanda nacional de gas natural.

Es por ello que la continuidad de los trabajos en áreas contractuales es imprescindible para mitigar la pobreza energética. El desarrollo de proyectos energéticos es de largo plazo. La CNH, en sus prospectivas de producción de petróleo por contratos privados, prevé entre 334 y 448 miles de barriles y entre 395 y 527 millones de pies cúbicos diarios de producción de gas natural para el 2027. A la fecha, únicamente 34 de los 111 contratos se encuentran produciendo hidrocarburos.

Sin duda, en los próximos años se seguirán concretando proyectos en la fase de producción que nos permitirán aprovechar eficientemente nuestra riqueza energética sin comprometer recursos públicos.

En resumen, la matriz energética de nuestro país debe ser alimentada por una serie de jugadores en el mercado que contribuyan con su experiencia técnica y capacidades financieras para garantizar el suministro de energía a largo plazo a precios asequibles y minimizando los impactos ambientales.

María Fernanda Velasco Barraza es Estudiante de Maestría en derecho ambiental en la Universidad de Uppsala, Suecia.

Las afirmaciones y opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva del o los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Pulso Energético ni de la AMEXHI.


Bibliografia:

 Del Bene, D.; Soler, J.P.;  Roa, T. (2019) “Energy Sovereignty”. Pluriverse: A post-development dictionary. Editado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria y Alberto Acosta. Nueva Delhi, Tulika Books, p. 178.

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