Vigilancia internacional

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En nuestro artículo central de esta semana, explicamos que la apertura de una industria, como es el caso de la creación del nuevo modelo energético mexicano, genera mayor demanda por información e incentivos para que la competencia actúe como un mecanismo de vigilancia. Si a la apertura le sumamos internacionalización —con todo lo que implica, desde obligaciones legales hasta la cooperación con organismos internacionales— la fuerza en pro de la transparencia se vuelve mayor.

Algunas de las fuerzas, de corte internacional, que se suman a los mecanismos existentes de transparencia en el sector petrolero mexicano son:

  • La incorporación a la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI)

    La Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI) es un organismo internacional que promueve que los países con industrias extractivas (petrolera y minera) revelen información sobre qué uso se les da a los ingresos obtenidos por el gobierno a partir de estas actividades. Cada país miembro forma grupos de trabajo que incluyen a representantes del gobierno, la industria y la sociedad civil.

    En México está en marcha el proceso de adhesión, el cual lo lidera un grupo de trabajo que encabeza Miguel Messmacher, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero incluye a diversas instituciones públicas y privadas, como la Secretaría de Energía y Economía, Transparencia Mexicana, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) y la Cámara Minera de México, entre otras.

     

  • Agencia Internacional de la Energía

    El anuncio de la candidatura de México para incorporarse a la Agencia Internacional de Energía no sólo representa una oportunidad para participar en las discusiones de energía más importantes del mundo. También representa una importante obligación de transparencia, al requerir la publicación de información estadística detallada. Tal y como se explica en los principios y fundamentos de la Agencia Internacional de Energía, la membresía implica cumplir con altos estándares de calidad y transparencia en el reporte de información sobre el sector energético.

    El valor de compartir y publicar esta información queda manifiesto en el Mexico Energy Outlook, publicado en 2016, que se ha convertido en una de las principales referencias de consulta sobre el sector energético mexicano. Además de la calidad de la información, el documento permite contrastar escenarios prospectivos con los desarrollados directamente por las autoridades del país —algo que era difícil de lograr bajo el modelo anterior sin pagar consultoría especializada con modelos propietarios.

     

  • Leyes anticorrupción y reportes financieros

    Las bolsas de valores del mundo y los reguladores financieros establecen parámetros de información que deben reportar las empresas no sólo de su operación, sino también de su desempeño financiero y cómo se relacionan ambos respecto a las prácticas de la empresa. La Securities and Exchange Comission (SEC), por ejemplo, establece los principales criterios para determinar qué se puede reportar como una reserva probada (y qué no). En este sentido, que el sector energético mexicano cuente con más sujetos obligados ante autoridades financieras globales genera no sólo más información, sino más información estandarizada, que cumple con estrictos controles de calidad.

    Por otra parte, las leyes anticorrupción de algunos países, como el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos (FCPA), el UK Bribery Act (UKBA) norman la relación entre empresas y otros gobiernos (y, en algunos casos, otras empresas). Que las empresas que participan en un mercado, como el mexicano, sean sujetos obligados bajo estas leyes implica que autoridades internacionales pueden indagar y realizar investigaciones anti-corrupción —lo cual termina por abonar a la transparencia en el país. En el entorno mexicano, la reciente creación del Sistema Nacional Anticorrupción busca emular algunas de estas estructuras, facilitando la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

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