Por: Ernesto Borda
Los desafíos a la viabilidad, sostenibilidad y reputación de los proyectos energéticos están hoy en la superficie. La manera de gestionar el entorno, incidir en las expectativas de los ciudadanos y lograr la aceptación o “licencia social” de los actores sociales y políticos determinantes es un enorme reto en cualquier parte del mundo. Una mirada desde los oleoductos de Keystone XL y Dakota Access en Norteamérica, hasta las minas de cobre de gran tamaño en Chile, como La Escondida, deja en evidencia la complejidad del problema.
En América Latina esta tarea es aún más difícil. Se trata de hacer viables proyectos económicos estratégicos en territorios en los que las propias instituciones estatales tienen comprometida su efectividad. Entornos con alto potencial de recursos, pero con mucha precariedad en términos de Estado. Como consecuencia, las demandas crecientes de la población se encausan hacia las empresas que operan los proyectos energéticos, bien para que sustituyan al Estado, o como instrumento de presión para movilizar a su favor la deficitaria y lejana oferta institucional.
No es una novedad que las comunidades busquen obtener beneficios directos y tangibles a partir de la actividad industrial y, a veces simultáneamente, prevenir o contener posibles daños al patrimonio cultural, social y ambiental del territorio. Pero si es una tendencia que se tiende a intensificar cuando los operadores son privados y no públicos. Por lo tanto, es previsible que el nuevo modelo energético mexicano agudice estas presiones.
La nueva Ley de Hidrocarburos y su reglamentación establecen provisiones para encausar algunos de estos asuntos: los derechos superficiarios, la gestión de los impactos sociales —incluidas las consultas previas con las comunidades étnicas— y la gestión de los impactos ambientales. Estas normas buscan proteger los derechos y los bienes individuales y colectivos de la población, a través de la debida diligencia en la prevención y control de daños, y el aseguramiento de buenas prácticas operacionales.
El cumplimiento de estas regulaciones es indispensable. Pero es insuficiente para asegurar la viabilidad de los proyectos y salvaguardar la reputación de sus operadores. De hecho, reducir la interacción entre empresas y comunidades a la celebración de acuerdos transaccionales representa riesgos significativos para los proyectos. Y más aún si la gestión se concentra en la definición de iniciativas de inversión social para “el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades, en materia de salud, educación, laboral, entre otras, sin menoscabo de las obligaciones del Estado”, como establece la Ley de Hidrocarburos (art. 120).
Con tales alcances —de hacer o no hacer a cambio de permitir— las relaciones de los proyectos con las comunidades quedan pronto atrapadas en dinámicas extorsivas, en las que además el beneficio general termina sustituido por la satisfacción de intereses fraccionados de individuos o grupos minoritarios. Estas dinámicas, como lo demuestran muchos casos en América Latina, en vez de construir, destruyen las posibilidades de generar relaciones basadas en la confianza, indispensables para la generación sostenible de valor entre actores que pretenden cohabitar por largo tiempo en un mismo territorio. El caso de la comunidad indígena Uwa, en Colombia, es un buen ejemplo del bloqueo que son capaces de crear intermediarios entre los proyectos y las comunidades.
Sin duda, es positivo que la Ley busque generar una “nueva relación entre el Estado, los asignatarios, contratistas, permisionarios, autorizados o interesados y los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, necesarios para realizar las actividades previstas en dichas disposiciones, con el fin de impulsar el desarrollo integral del sector a partir de los enfoques de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos”. Pero, para esto se requiere evolucionar de una perspectiva de gestión de impactos hacia un enfoque de creación de valor compartido.
En un contexto como el mexicano, sin perjuicio y más allá de las fórmulas regulatorias, los factores críticos para la obtención de la “licencia social” son de relacionamiento. Es necesario avanzar en la construcción participativa de agendas de desarrollo territorial, estructuradas en torno a los asuntos de mutua relevancia para las instituciones públicas, las comunidades en general y las empresas operadoras. Otro elemento crucial es el establecimiento de las garantías para un diálogo permanente en torno a la manera de alcanzar sus objetivos, y la definición de los roles de cada una de las partes en su consecución, aplicando el criterio de la responsabilidad compartida.
Al final, lo que se busca es que lo que une a las diferentes partes involucradas sea más fuerte de lo que las separa. Los marcos contractuales y transaccionales tienden a ser insuficientes para lograr algo tan ambicioso. Se requiere un esquema de trabajo que realmente fomente la colaboración.
Ernesto Borda
Director Ejecutivo de Trust, Gestión Estratégica de Riesgos.
