Licencia social: de burocrática a estratégica

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Para efectos prácticos, la relación con comunidades era una práctica autorregulada bajo el antiguo modelo. Por mucho tiempo, Pemex construyó prácticas que, en muchos casos, eran más propias del Estado. En otros, dejó huecos y carencias que no se le pudieron reclamar.

El nuevo marco jurídico buscó normar y normalizar (estandarizar) estas relaciones. Las leyes secundarias de la reforma establecieron una serie de requisitos y procesos que tienen como objetivo guiar las relaciones de la industria con las comunidades y, de alguna forma, el proceso de obtención de la licencia social. Van desde las consultas previas e informadas hasta las manifestaciones de impacto (social y ambiental) y las reglas de contenido nacional. En total, son 6 procesos separados, que implican interacciones con diferentes autoridades a distintos niveles.

La buena noticia, entonces, es que hay una serie de elementos que regulan los procesos above ground de la industria. La mala es que, aún no se logra tratarlos como partes interrelacionadas. En lugar de haber generado un solo proceso con pasos claramente interrelacionados entre sí, se han generado requisitos que, en la práctica, se están tratando como pasos aislados.

Para retomar los términos que utilizamos en un artículo que publicamos hace unos meses, esto genera incentivos para pensar más en términos de Responsabilidad Social Corporativa (CSR por sus siglas en inglés), bajo una lógica transaccional, que de Creación de Valor Conjunto (CSV), bajo una lógica de creación de relaciones de largo plazo, alineadas al propósito estratégico de cada proyecto.

Nudos y soluciones

Hacia el gobierno, federal y local, esto tiende a generar poca claridad de las necesidades para procurar un ambiente estable y constructivo para estas las relaciones.

Fortalecer el área de consulta social de la Secretaría de Energía (Sener)

Como resultado, áreas tan importantes como la encargada de consulta social siguen estructuralmente limitadas: un equipo de trabajo de un puñado de personas con presupuestos reducidos debe atender los procesos de consulta de todos los proyectos energéticos del país —que, por cierto, típicamente requieren trabajo presencial directamente en cada comunidad para llegar a buen puerto. Si hay un área en la Sener que se tiene que fortalecer en estructura y con presupuesto, es ésta.

Fortalecer el rol de los gobiernos estatales en la práctica

Esto nos lleva, también, a los procesos locales. Los gobiernos estatales tienen un rol particularmente importante para lograr un entorno estable, seguro y constructivo sobre el cual se puedan edificar relaciones positivas entre la industria y la comunidad. Pero, en muchos casos, o no participan o lo hacen a partir de procesos burocráticos, menos encaminados a construir relaciones que a poner palomitas en una hoja. En la medida en que todas las partes involucradas logren pensar en la licencia social como un tema estratégico, será más fácil conseguir el apoyo directo de los gobernadores y sus equipos. Por ejemplo, convertir este tema en un tópico que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) trate e impulse, solucionaría buena parte de la problemática. Al ser un orden de gobierno más cercano a las comunidades, tienen la información y los equipos necesarios para agregar mucho valor a todas las partes interesadas.

Soluciones antiburocracia

Hay otros nudos que se disolverían a partir de un compromiso de simplificación burocrática.

Un muy buen ejemplo es la unificación de las manifestaciones de impacto social y ambiental. Hoy deben presentarse y procesarse por separado, pero en el fondo tienen mucho compartido: desde metodología y alcance hasta contenidos, que se terminan reusando en una y en otro. El mundo está tendiendo hacia la convergencia de estos procesos, que fomenta tratarlos como un análisis estratégico más que un requisito burocrático. La solución en este caso es legislativa: al ser procesos normados por la ley, se tendría que reformar.

Otro, que sí tiene salida directamente desde el ramo ejecutivo, es el desarrollo de ventanillas únicas. Generar mecanismos que permitan acudir a una sola dependencia para realizar los trámites necesarios genera eficiencias en tiempo que, de otra forma, se traducen en un atraso en las inversiones y en los tiempos de desarrollo. A una compañía le puede tomar hasta 365 días realizar sus trámites para poner en marcha un proyecto, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, toma menos de 40 días.

Soluciones que apuntan en la misma dirección

El involucramiento de los gobiernos estatales, el robustecimiento del área de consulta social en Sener y la simplificación administrativa suenan como procesos disociados. Pero, en realidad, están estrechamente ligados a la idea de tratar a la licencia social como un proceso estratégico integral y estratégico. A su vez, está ligado con el proceso de generación de valor de las compañías. IPIECA, institución que concentra estudios y realiza recomendaciones de mejores prácticas sociales y ambientales, explica (p.6) que la integración del propósito de la empresa con su entorno es esencial para el desarrollo pleno de la actividad económica.

“Las actividades operativas, aún aquellas que se realizan con altos estándares, pueden generar impactos sociales y ambientales que capten el interés y preocupación de sus alrededores, levantando quejas. Muchas compañías aplican mecanismos de impacto social que les provee de canales de comunicación con los individuos y las comunidades para atender sus preocupaciones y necesidades (…) sin sustituir al Estado ni a los protocolos judiciales existentes. Al utilizar las herramientas de impacto social las empresas pueden mejorar su relación con las comunidades y generar un impacto positivo en sus planes, cronogramas y costos”.

Tanto desde las autoridades como desde las empresas, es necesario dejar de pensar en permisos y procesos y pasar a ser un proceso de acercamiento genuino de construcción de relaciones genuinas entre industria y sociedad. Quitarle la carga administrativa y burocrática al proceso es un buen punto de inicio para promover la creación de incentivos que propicien una relación más productiva.

No hay que perder de vista la advertencia de HSE International, un organismo de asesoría mundial en este tema.  Los problemas sociales entre la industria y las comunidades “tienen el potencial de crecer muy rápido, principalmente por la falta de información apropiada y oportuna para las comunidades y los actores principales (…) Para enfrenar estos retos, las empresas privadas deben desarrollar estrategias “de entrada” que consideren aspectos sociales, económicos y ambientales los cuales deben sumarse a un acercamiento en etapas tempranas a los principales actores del sector”. El Estado, por su parte, es el encargado de generar el entorno y guiar los procesos normativos para procurarlo.

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