Por Lourdes Melgar
De nueva cuenta, la política energética se encuentra en el centro de la discusión de la campaña electoral. Seguridad energética, soberanía nacional y desarrollo económico son prioritarios. La forma de abordar estos temas obedece a visiones ideológicas. La discusión se centra en tres temas: la continuidad de la reforma energética, el “gasolinazo” y el futuro de Petróleos Mexicanos. El diagnóstico y las propuestas que se diseñen en torno a la problemática que enfrenta el sector energético definirán si México toma firmemente la ruta el siglo XXI o recula hacia modelos propios del siglo pasado.
El término “reforma energética” está gastado. Es un concepto mal entendido. Da la impresión que algunos políticos no han leído el texto constitucional y se dejan guiar por propaganda promocional. El modelo energético, plasmado en la reforma constitucional de 2013, preserva la rectoría del Estado. Los hidrocarburos son propiedad de la Nación; la exploración y extracción de hidrocarburos se mantienen como áreas estratégicas en el Artículo 28. El Estado cuenta con dos herramientas para producir los recursos del subsuelo: las asignaciones que otorga a Pemex y los contratos que diseña la Secretaría de Energía (Sener) y licita la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
El Estado mexicano no otorga derechos de propiedad a las empresas; las contrata para llevar a cabo una actividad a nombre del Estado, en un esquema en el que la empresa invierte, corre con el riesgo y paga una participación al Estado que se define al momento de la licitación. Los contratos mexicanos han sido exitosos, por su diseño y por la certidumbre jurídica que emana de las leyes y tratados de los cuales México es parte.
El gobierno entrante decidirá a qué ritmo, en qué áreas y en qué términos emitirá las licitaciones de contratos petroleros. El puntero de las encuestas ha dicho que revisará los contratos suscritos, sus correligionarios han hecho un llamado a cancelar la reforma energética.
Desde 2015, cualquiera puede fiscalizar los contratos suscritos, dado que las rondas mexicanas se han desarrollado con niveles de transparencia inusitados. CNH ha publicado un “Libro Blanco” sobre la Ronda Uno; todos los contratos y los pagos correspondientes son públicos.
En la búsqueda de propuestas electoralmente redituables, las campañas han dejado de lado un punto esencial: prometer es fácil, lo difícil es cumplir promesas en torno a un sector complejo, que requiere soluciones diseñadas sobre bases técnicas y diagnósticos acertados. Comprender el nuevo modelo energético será fundamental al éxito del futuro gobierno y del país.
En términos de seguridad energética, una realidad es el nivel de la plataforma de producción cercano a 1.85 millones de barriles día, que podría empezar a recuperarse en 2019, en la medida en que entren en producción las áreas licitadas. Continuar con las rondas petroleras es una necesidad de seguridad energética, ya que Pemex no cuenta con los recursos técnicos, financieros o de ejecución para levantar solo la producción o la restitución de reservas. Esa es una realidad objetiva que deberá confrontar el nuevo gobierno.
En la campaña, se ha plateado incrementar el contenido nacional de los contratos de 35 por ciento a 80 por ciento. Esta propuesta, políticamente aplaudible para algunos, restaría competitividad a los contratos mexicanos, ya que no se han generado las cadenas de valor para producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer esa demanda. Brasil intentó esta fórmula, con un requerimiento del 70 por ciento, que resultó en costos, corrupción y falta de competitividad de sus contratos.
El gobierno entrante podría enfrentar el riesgo de no contar con el respaldo que brinda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en términos de protección a la inversión, en caso de que se cancelara el acuerdo. Es esencial tener claro que los contratos mexicanos compiten con los de otros países, por lo que sus términos y condiciones determinan su competitividad.
Dado los límites al financiamiento público en un entorno de estabilidad macroeconómica, la apertura energética buscó atraer inversión del sector privado. Regresar al pasado, privilegiando el financiamiento público, implicaría endeudamiento e incremento en la recaudación fiscal. La creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo impone un límite equivalente a 4.7 por ciento del PIB de la renta petrolera para fondear el presupuesto de la Federación. Al ser un fideicomiso en el Banco de México, su administración se ciñe a lineamientos constitucionales. Este punto es particularmente relevante en un momento en el que se perfila un incremento significativo en los precios del petróleo, y por lo tanto en la recaudación del Fondo.
Los países petroleros celebran los aumentos de precios. Hoy, México tiene el perfil de país consumidor: es importador neto de gas natural y de petrolíferos. Hacer del “gasolinazo” tema de campaña es ponerse la soga al cuello en caso de ganar. La tendencia del precio es al alza y la depreciación del peso podría continuar según quién resulte electo y el futuro del TLCAN. Regresar a subsidios multimillonarios sería contrario a la justicia social. La única salida sostenible en el tiempo es avanzar en la creación de mercados energéticos competitivos. Hay que atravesar el túnel para ver la luz, con todo lo que ello implica en términos de malestar social.
El verdadero foco rojo está en Pemex. El nuevo modelo prevé empresas del Estado fuerte y rentables. Un mal diagnóstico llevaría a respuestas equivocadas. Es fundamental reconocer que, además de deficiencias en su administración, Pemex registraba de tiempo atrás serias dificultades, y que la caída en el precio vino a profundizar la crisis interna. Sanar a Pemex es prioridad, y pasa por la utilización de todas las herramientas que le brinda el nuevo modelo energético, así como resolver dilemas internos políticamente sensibles.
Ningún país ha llevado a cabo una revolución energética en un plazo tan breve como México. Se requiere tiempo, y sin duda ajustes de precisión, para alcanzar los beneficios de esta transformación. El próximo sexenio cosechará los primeros frutos. Un cambio de timón generaría caos y costos altísimos para las siguientes generaciones.
Lourdes Melgar es investigadora del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Entre 2014 y 2016, sirvió como Subsecretaria de Hidrocarburos y, entre 2012 y 2014, como Subsecretaria de Electricidad.
