El tamaño, la complejidad y la profundidad de los proyectos del sector energético tienen el potencial de generar oportunidades de desarrollo, cambios radicales, desplazamientos y reconfiguraciones en las comunidades donde se desarrollan y tienen el potencial de una oposición al proyecto por parte de los grupos de interés en territorio.

La naturaleza de largo plazo de los proyectos energéticos significa que por varios años se llevarán a cabo operaciones industriales complejas e intensivas en capital donde los riesgos derivados de generar conflictos con las comunidades pueden ser mayores, incluso, a los riesgos técnicos del mismo proyecto. No obstante la importancia de atender este tema, aún no está claro si las empresas del sector energético tienen la información suficiente sobre los costos que implica no consultar a las comunidades, así como los beneficios de hacerlo siguiendo estándares y lineamientos internacionales. Por ello es muy importante integrar el caso de negocio para consultas previas, libres e informadas como componente clave en el plan de negocio de proyectos energéticos en México.

En un momento en que los proyectos son más complejos y tardan más tiempo en ejecutarse, es aún más claro que comprender e interiorizar el bienestar de la comunidad, reduce costos y genera un efecto positivo en los proyectos de energía. Un proyecto típico implica aproximadamente veinte años de operación, con múltiples contratos e inversiones que alcanzan, en ocasiones, varios miles de millones de dólares. Los retrasos como resultado de la oposición de las comunidades pueden afectar negativamente la recuperación de capital y la tasa interna de retorno.

A partir de la reforma energética de 2014 se reconocen los derechos de las comunidades indígenas a una consulta previa en México. La reforma le dio a la Secretaría de Energía (SENER) el mandato de realizar estas consultas para obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades que pudieran ser afectadas por un proyecto, en línea con la Declaración 169 de la Organización Mundial del Trabajo. De las consultas previas que desde entonces se ha iniciado, sólo 60 por ciento han conseguido el consentimiento mientras que varias continúan trabajando con distintas controversias.

Sin embargo, aún existe confusión en la implementación de los protocolos de consulta. La Ley no provee una guía clara a los diferentes actores sobre el rol que deben desempeñar en el proceso de consulta, más allá de las responsabilidades derivadas del cumplimiento regulatorio. Asimismo, existe poca experiencia sobre cómo realizar estos procesos de consulta previa.

Sin una licencia social para operar, los impactos adversos de las comunidades también pueden trascender las operaciones específicas y afectar la esfera corporativa de manera más amplia. Las empresas que no toman en consideración los efectos de sus actividades sobre las comunidades -con la incorporación de estrategias sociales sólidas como componente esencial de sus inversiones- no solo experimentan un mayor costo del proyecto (o incluso cancelaciones) sino que, también, pierden beneficios significativos: ahorros de costos, mejor reputación y la capacidad de ganar la aceptación de proyectos futuros e inversiones.

Beneficios de hacerlo bien

Reducción de costos

Los efectos de los proyectos de energía en la capacidad de las comunidades para superar la adversidad, es decir, en su resiliencia, afectan no solo el bienestar de la comunidad sino también la viabilidad de la inversión. El impacto de las empresas de energía en las comunidades puede generar conflictos si no se comprenden y gestionan correctamente, socavando o incluso destruyendo la licencia social de la empresa para operar.

Una encuesta de 2001 reveló que el conflicto causaba que el 78 por ciento de las empresas se abstuviera o se retirara las inversiones, a pesar de que los proyectos fueran financieramente rentables (Switzer, 2001). Comprender y mitigar la fuente de dichos conflictos es, por lo tanto, un elemento esencial de una estrategia corporativa de gestión de riesgos.

Asimismo, un estudio realizado por Goldman Sachs (2008) muestra que el 50 por ciento de los riesgos totales enfrentados por los proyectos operados por grandes corporaciones, son riesgos no técnicos (es decir, ambientales, sociales, políticos y regulatorios). Entre estos riesgos, los relacionados con conflictos con las comunidades son los más importantes. La oposición de la comunidad a un proyecto puede producir bloqueos y litigios, lo que aumenta los costos de construcción, crea retrasos operacionales y reduce el acceso al capital. En el peor de los casos, la oposición de la comunidad también puede resultar en la cancelación del proyecto.

El éxito del proyecto

Además de la reducción de riesgos, invocar un proceso exitoso de consentimiento de la comunidad puede generar importantes beneficios para la empresa. Las compañías que entienden a la comunidad donde operan, apoyando los esfuerzos para reforzar su capacidad de enfrentar y adaptarse al cambio, pueden beneficiar tanto a al desarrollo local como al proyecto.

La resiliencia comunitaria se refiere a la capacidad de una comunidad para recuperarse de las tensiones producidas por las industrias. Esta recuperación no implica un retorno a exactamente el mismo estado original, sino a una nueva configuración en la que la comunidad ha interiorizado los nuevos desafios de su contexto y ha reconocido su potencial de alianzas. Esta noción de resiliencia como transformación es crucial para que las empresas de energía entiendan, eviten y mitiguen las implicaciones negativas de sus proyectos en comunidades indígenas. Un factor crítico en la viabilidad financiera de estas inversiones está relacionado con la forma en que los beneficios, costos y riesgos se asignan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Conclusión

 El estado actual del sector energético en México y la necesidad de impulsar el desarrollo social requieren atención contínua por parte de las empresas. Especialmente en el contexto de obtener la licencia social para operar y promover el desarrollo sustentable de proyectos en todo el país.

La gran transformación del sector energético que emana de las reformas de los últimos años—junto con el importante crecimiento de las nuevas fuentes de energía— ha creado un ecosistema sólido de docenas de empresas públicas y privadas, así como pequeñas y grandes empresas en todo el país.  Los posibles impactos en la comunidad y los puntos de presión para la lista cada vez mayor de proyectos e infraestructura, solo aumentarán en alcance y seriedad con el tiempo. Es cierto que hay una amplia gama de factores que continuarán influyendo en la capacidad de participación comunitaria exitosa y el desarrollo de proyectos de energía sostenible en México. Pero en nuestra opinión, al concentrarnos en tres elementos amplios, las comunidades, las empresas y el gobierno en colaboración podrían comenzar a producir resultados importantes y positivos:

1)    Comprender la naturaleza naciente del mercado energético de México y el número de participantes es un punto de partida clave.

2)    Todas las partes interesadas deben ser plenamente conscientes de que nunca es demasiado pronto para comenzar el proceso de consulta.

3)    Debe haber un esfuerzo concienzudo para diseñar reglas de juego claras y concisas para todos los interesados.

Jeremy Martin y Gilberto García Vázquez

Jeremy es vicepresidente de energía y sustentabilidad del Instituto de las Américas; Gilberto es director de programas para México de Equitable Origin