Latinoamérica es una de las regiones en el mundo que más depende de la inversión privada para materializar los planes de desarrollo que tienen los distintos gobiernos. 75 por ciento de las inversiones en la región provienen de fondos privados. México no es ajeno a esta tendencia y el sector energético se ha empezado a beneficiar de la presencia de nuevos inversionistas en el sector, quienes no sólo traen capital sino también tecnología, talento, nuevas prácticas, etc.

Para atraer estas inversiones, el régimen jurídico y la estabilidad regulatoria del país anfitrión son dos elementos indispensables que los inversionistas analizan con mucho detalle, particularmente si consideramos que un proyecto energético toma hasta 10 años de inversión constante sin ver ingresos sostenidos y que operará por muchos años más. En este sentido, tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como la Secretaria Rocío Nahle han dicho que no sólo se van a respetar los contratos firmados bajo la reforma energética sino también el estado de derecho de los mismos.

Sin embargo, los cambios que se dieron la semana pasada en los lineamientos para otorgar Certificados de Energía Limpia  —que, de acuerdo con las asociaciones que representan a los inversionistas de estos proyectos afectan tanto a las inversiones ya ejecutadas como a las futuras— abren la posibilidad para que los afectados apelen a los mecanismos de protección a las inversiones.

Si bien el sector eléctrico es diferente del petrolero, bajo esta coyuntura decidimos abordar en nuestro análisis de esta quincena los mecanismos de protección a las inversiones que ya operan en México y aclarar algunas dudas al respecto. Esperamos que ustedes encuentren el tema tan interesante como nosotros.

Gracias por leernos

Alejandra

alejandra.lopez@pulsoenergetico.org