Martin Wolf, comentarista en jefe de temas económicos del Financial Times, no es el prototipo de columnista que defiende a ciegas el mercado. Afín con la corriente Keynesiana, se ha caracterizado por defender que el Estado debe tener un rol significativo en las economías, interviniendo más frecuentemente de lo que los más conservadores en términos económicos reconocen.

Naturalmente, esto puede entrar en conflicto con ideologías como la que guiaron el histórico gobierno de Margaret Thatcher, que condujo al país en una serie de privatizaciones controversiales. Así que la propuesta del partido laborista para renacionalizar industrias, incluyendo la eléctrica, aporta un punto interesante para entender la perspectiva de analistas como Wolf.

Su respuesta fue muy contundente: renacionalizar “es un callejón sin salida (…) una respuesta falsa a un cuestionamiento real”.

Aunque Wolf reconoce que la privatización no fue ninguna panacea, recuerda que estudios académicos a nivel mundial demuestran que las empresas privadas históricamente han sido más eficientes e invierten más que las públicas.

La solución no está en transferir la propiedad al Estado, sino regular apropiadamente —de una forma que promueva el crecimiento y la inversión con un piso parejo. Suena como algo con lo que México se puede relacionar.

Sin embargo, la inversión privada y la competencia no se dan sólo por añadidura, sino que requieren de una regulación eficiente y efectiva que sea constante en el tiempo. Por supuesto, esta regulación eficiente no se limita sólo al ámbito técnico, sino también en las condiciones comerciales y de competencia económica que aplican al sector.

En un análisis de la regulación del sector energético mexicano, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo un análisis puntual sobre las necesidades que tienen los órganos reguladores mexicanos. Muchas de sus recomendaciones hablan de vinculación e integración con otras instituciones, pero es muy clara en un punto particular: la autonomía de estas instituciones para asegurar que los procesos regulatorios son más cercanos a la industria que a los tiempos políticos.

¿Por qué es necesario? Esta semana encontramos en las páginas del diario El País una respuesta. Francisco Longo, director del Centro de Gobernanza Pública de ESADE Business and Law School (uno de los centros de investigación más importantes del mundo), señala que para mejorar la calidad de la gobernanza, es necesario despolitizar la función pública pues de la mezcla de la burocracia y política resulta en una mezcla poco deseable.

Longo retoma el estudio de Carl Dahlström y Víctor Lapuente en su libro Organizing Leviathan, de la Cambridge University Press. Estos dos investigadores encontraron que al mezclar ambos factores, los funcionarios públicos tienen un incentivo más fuerte para desempeñarse conforme a los deseos del partido gobernante (y mantener su carrera en la función pública) que para ser eficientes en el desempeño de su labor actual.

Esto cobra relevancia si analizamos el texto de Carlos de Régules, director general de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) esta semana, Certeza Regulatoria Gane Quien Gane En 2018, el cual retoma las recomendaciones que realizó la OCDE a los órganos reguladores mexicanos. Carlos hace particular énfasis en la necesidad de que los órganos reguladores del sector energético deben ser independientes y estar blindados de los tiempos de la administración pública federal para garantizar estabilidad a largo plazo.

Vale la pena destacar un punto flaco en la regulación mexicana: México tiene 2 órganos reguladores del sector energético que en 2013 ganaron independencia y autonomía: la Comisión Reguladora de Energía —creada en 1993— y la Comisión Nacional de Hidrocarburos —de 2009.

El nuevo modelo energético mexicano les dio no sólo nuevas obligaciones, también las atribuciones necesarias para cumplir con su mandato y mantener la aplicación de los cambios legales en el largo plazo, sin vaivenes que provengan de los tiempos que dicta la administración pública federal tradicional.

Sin embargo, el nuevo modelo creó un nuevo órgano regulador que no sigue este mismo patrón: la ASEA quien permanece como un organismo dentro de una secretaría de Estado (la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). A diferencia de sus homólogas, no tiene la capacidad de colegiar sus decisiones con un grupo de comisionados ni tampoco tiene independencia de los tiempos políticos de la administración pública federal pues el Presidente puede remover al director general en cualquier momento.

Si partimos del hecho de que una regulación deficiente es la sentencia de muerte de cualquier modelo energético —sin importar si es cerrado o abierto a la inversión— las limitaciones regulatorias del sector se medirán con la vara de las barreras que tenga cada organismo.

El Congreso tiene una última oportunidad para hacer cambios mayores a la estructura de la ASEA en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que será el último antes de las elecciones de 2018. Después de este periodo, la voluntad política para hacer las modificaciones pertinentes será aún más incierta que hoy. ¿Vale la pena poner en riesgo el modelo energético por no modificar a tiempo una legislación que quedó debajo del estándar óptimo?