Por: Regina Portilla
En octubre de 2017, México dio un paso más hacia a la deseada transparencia. Tras continuos esfuerzos que duraron poco más de dos años, nuestro país ha sido aceptado como candidato para implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). EITI es un estándar internacional que surgió en 2003 con el propósito de guiar a los países hacia una política de apertura y rendición de cuentas en las industrias extractivas. Al adherirse al Estándar, cada país se compromete a divulgar públicamente los pagos de las empresas extractivas al gobierno y los ingresos que este último recibe. La iniciativa no solo busca mejorar la gobernanza de los recursos naturales sino también promover una cultura de transparencia y apertura en el gobierno y en las empresas. Al ser aceptado como candidato, México se compromete, en un periodo de no más de dos años, a presentar un reporte en donde se cotejen todos los pagos de las empresas e ingresos públicos derivados de la actividad extractiva para dar espacio a un dialogo constructivo que atienda cualquier deficiencia en las normas o en la práctica, y que nos permita conocer cómo invierte el gobierno esos recursos.
Llegar hasta este punto no ha sido sencillo y menos en un sector tan controversial. A pesar de la caída en los precios del petróleo y en la producción de Pemex, los ingresos petroleros siguen teniendo una gran importancia en el presupuesto público federal1. Además, los hidrocarburos representaron el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016. En el caso del sector minero, aunque no cuenta con un peso significativo en el presupuesto público, sí cuenta con una gran presencia en el territorio mexicano ya que más de 20 millones de hectáreas son ocupadas con propósitos mineros. México es el principal productor de plata en el mundo y está dentro de los 10 principales productores de oro, cobre, zinc y plomo2. Ante este escenario, es importante reconocer que la buena gobernanza de los recursos naturales en México es necesaria no solo para las comunidades con presencia extractiva sino también para el buen funcionamiento del gobierno. Los mecanismos existentes no son suficientes y menos aún en un escenario donde prevalecen las dudas sobre el impacto de la reforma energética.
EITI representa una plataforma en donde todo ciudadano podrá conocer cómo es el manejo de los recursos naturales de este país, para estar en posibilidad de exigir y asegurar que se manejen con transparencia y apertura. La iniciativa del gobierno, así como el compromiso y apertura de las empresas y de las organizaciones de sociedad civil ha contribuido a que México se comprometa con este estándar global.
Se necesitó de una gran inversión de tiempo para sentar a las personas correctas en las mesa, comprender las expectativas que cada parte tenía sobre el proceso y lo más importante; construir confianza. Las empresas, el gobierno y la sociedad civil por igual reconocieron la importancia del proceso por lo que siempre prevaleció la buena voluntad. Basándose en los requisitos de la iniciativa, se conformó en noviembre de 2016 el denominado Grupo Multipartícipe, integrado por representantes del gobierno, sociedad civil y empresas. Este grupo será el encargado de implementar el estándar y de tomar toda decisión relacionada al EITI en México, fomentando el debate informado. Las reuniones del grupo siempre se dieron bajo principios de total apertura y se buscaba que cada voz fuera reconocida y atendida. Son pocos los procesos como el que se vivió en México en donde se logró sentar en la mesa a diferentes sectores de la población para construir una base sólida de confianza y compromiso hacía un cambio.
El Grupo Multipartícipe ha acordado publicar el Primer Informe EITI hacia finales del 20183. Esto quiere decir que se acerca un periodo de grandes esfuerzos para investigar, publicar y divulgar información que dará espacio a importantes debates. Entre ellos estarán el impacto de los fondos mineros y de hidrocarburos en las comunidades supuestamente beneficiadas por esas actividades, la necesidad por conocer el fin último de cada ingreso que el gobierno recibe por parte de la industria extractiva, entre otros. El Primer Informe de México dará pie a diálogos constructivos en donde estos y muchos otros más temas serán discutidos. La expectativa de mayor transparencia en el sector extractivo crece con la participación de México en EITI, y estaremos pendientes de los debates por venir.
Regina Portilla
Investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
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[1] En 2016, los ingresos petroleros representaron el 16% de presupuesto público.
Aroa de la Fuente et al. “Las actividades extractivas en México: Estado Actual” Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2016)
http://fundar.org.mx/mexico/pdf/Anuario2016FINAL.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2017)
[2] Idem
[3] Secretaría de Energía. “Aceptación de México como miembro de EITI”. Secretaría de Energía (2017) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/266945/251017_Comunicado_Conjunto_SE-SENER-SHCP.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2017)
