Por: Guillermo García Alcocer

Desde la perspectiva liberal, los mercados son los mayores agentes de cambio, innovación y desarrollo. La reforma energética de 2013 impulsada por el Ejecutivo Federal y aprobada por el Congreso de la Unión, se funda sobre estos principios. Busca transformar la industria energética mexicana, creando mercados de hidrocarburos y electricidad en los que participen otros jugadores, además de las Empresas Productivas del Estado, que en conjunto procuren el abasto suficiente en un entorno de competencia y protección al consumidor.

Pero no todos los mercados pueden funcionar sin una regulación autónoma, particularmente en industrias que —como la energética— tienen barreras de entrada altas por la demanda intensiva de capital, lo que limita la cantidad de competidores en el sector. Por eso, la regulación es fundamental para promover el desarrollo eficiente de los mercados de energía, a fin de establecer condiciones de competencia que fomenten la inversión, generen infraestructura, favorezcan la creación de empleo y beneficien a la industria y a los consumidores.

Las agencias reguladoras son la autoridad responsable de garantizar un piso parejo para la entrada de nuevos participantes a la industria energética. Asimismo, éstas deben adoptar las mejores prácticas internacionales de eficiencia y seguridad industrial a objeto de conducir el desarrollo del sector bajo los mejores estándares. Esto implica, sobre todo, que los reguladores actúen desde una posición independiente, como ocurre en el caso de Estados Unidos a través de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile o la Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) de Reino Unido.

En México, la reforma energética de 2013 fortaleció a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como órganos reguladores coordinados, dotándolos de independencia técnica y de gestión. También creó nuevas instituciones como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), asignada para vigilar el cumplimiento de las normas en materia ambiental y de seguridad industrial; al Centro de Control del Gas Natural (Cenagas) y al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como órganos técnicos encargados de administrar el sistema nacional de gasoductos y la red eléctrica, respectivamente.

En el caso concreto de la CRE, la reforma le otorgó nuevas atribuciones para responder al mandato de generar las mejores condiciones para los mercados energéticos. Pasó de tener 31 atribuciones a 121, fortaleciendo su campo de acción para emitir reglas y disposiciones generales en los mercados de petrolíferos, gas natural, gas LP y generación de electricidad.

La CRE también trabaja de la mano con Cenagas, quien opera el sistema de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, y con la ASEA para verificar las condiciones en las actividades de distribución y otorga los permisos de comercialización y expendio al público. Asimismo, la CRE establece reglas para la generación, transmisión, distribución, suministro y comercialización de energía eléctrica, trabajando junto con Cenace para la operación del sistema y el mercado eléctrico.

Aun cuando se trata de una reforma de largo aliento, en materia de hidrocarburos —tanto en exploración y extracción (upstream), actividades reguladas por la CNH, como en transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público (downstream) reguladas por la CRE— tenemos ejemplos claros de la rápida y efectiva implementación de la reforma energética.

Por un lado, en exploración y extracción se han llevado a cabo exitosamente cuatro convocatorias de la Ronda Uno de licitaciones en aguas someras, aguas profundas y en tierra. En las primeras tres licitaciones se firmaron 30 contratos con 37 empresas, de las cuales siete son extranjeras, y el resto, mexicanas. En la cuarta convocatoria, se asignaron ocho contratos en aguas profundas a 12 empresas de ocho países, incluidos México, Estados Unidos, China y Noruega. Adicionalmente, se licitó el bloque Trión de aguas profundas donde Pemex se asocia por primera vez con una empresa australiana para la exploración y explotación de petróleo.

Por el otro, está en proceso la apertura de los mercados de las gasolinas y diésel. En diciembre de 2016 la CRE emitió, por mandato de la Ley de Ingresos de la Federación 2017, el cronograma de flexibilización con el cual se dio inicio a la apertura gradual y ordenada de los mercados de combustibles en México. Esto permitirá que a partir de este año los precios se determinen por el mercado, es decir, consideren factores como el precio internacional del petróleo y los costos logísticos de transporte a las distintas regiones, y dejen de ser fijados por el gobierno. El 30 de marzo comenzamos con Baja California y Sonora; el 15 de junio se abrirán Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Municipio de Gómez Palacio; el 30 de octubre lo harán Baja California Sur, Durango y Sinaloa; el 30 de noviembre el centro del país, y el 30 de diciembre la península de Yucatán.

La apertura de los mercados de gasolinas y diésel ha atraído a nuevas empresas nacionales e internacionales, las cuales empiezan a competir por calidad y servicio, beneficiando al consumidor. La CRE tiene el mandato de emitir las disposiciones que generen el clima de competencia en el mercado de hidrocarburos y faciliten la entrada de estas compañías.

Ahora bien, desde el punto de vista de la inversión en exploración y extracción de hidrocarburos, estudios de sísmica, el programa de construcción de gasoductos y  proyectos de generación de energía limpia se tienen comprometidos más de 70 mil millones de dólares en inversiones adjudicadas, equivalentes a una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017.

Asimismo, se estima que, con la apertura del sector de las gasolinas y el diésel, el número de gasolineras se duplique, generando inversiones por cerca de 12 mil millones de dólares en distribución y expendio. 4 mil millones de dólares más se obtendrían a partir de proyectos de transporte y almacenamiento. 

Así, en tan sólo 40 meses, la reforma energética ya ha tenido resultados tangibles que han atraído inversiones de calidad para México y a nuevas empresas nacionales e internacionales que están participando en los nuevos mercados. La coordinación entre órganos reguladores basada en mecanismos de cooperación y alineación estratégica serán clave en el avance de la implementación de la reforma, tal como lo señala el estudio de la OCDE Driving Performance of Mexico´s Energy Regulators, en el que hace recomendaciones sobre una coordinación adecuada.

De acuerdo con declaraciones de Paul Simons, Director General Adjunto de la Agencia Internacional de Energía, “en términos de alcance, profundidad y campo de implementación, la reforma energética de México se ubica a nivel mundial como la transformación energética más ambiciosa, en mucho tiempo”.

Si bien aún quedan muchos retos en su implementación, el sector energético mexicano está dando los primeros pasos en la construcción de mercados que impulsen el cambio, la innovación y el desarrollo del país.

Guillermo García Alcocer

Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía.