Duncan Wood: Lo que tardó tanto en ganarse, no debe perderse

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Por: Duncan Wood.

Cuando se negoció por primera vez el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México buscó capturar  los beneficios de las reformas económicas y la liberalización que sucedieron a finales de los años 80 y principios de los 90. Al firmar un acuerdo que tiene el estatus legal de un Tratado en México, la administración de Salinas Gortari proporcionó certeza y estabilidad para los inversionistas que buscaban aprovechar la nueva base manufacturera de México. El 16 de agosto de este año, cuando negociadores de México, Canadá y Estados Unidos se sienten para iniciar conversaciones, también tendrán la oportunidad de capturar las recientes ganancias de México que son de enorme interés para todos. Una prioridad debe ser defender las reformas —ganadas con esfuerzo— de México en su sector energético.

Desde la inauguración del presidente Donald Trump en enero de este año, ha surgido un amplio movimiento que pretende defender dos décadas de libre comercio en la región e insistir en la urgencia de «no hacer daño» en el proceso de renegociación. Esto se ve, quizás, más claramente en el cambio de lenguaje: lo que solía ser discutido en términos de renegociar un acuerdo comercial (que el Presidente Trump afirma ser el peor acuerdo comercial firmado por los Estados Unidos) ahora se ve como una oportunidad para modernizar un vejestorio de los acuerdos comerciales, para que refleje de forma más exacta las necesidades y prioridades de la economía del siglo XXI.

El sector energético de América del Norte también ha tenido que ajustar su enfoque. Aunque las compañías de petróleo y gas presionaron por dejar intacto el acuerdo, una vez que Trump dio aviso al Congreso de Estados Unidos de su intención de entablar conversaciones, ha habido una incesante atención en la necesidad de proteger ciertos elementos clave del TLCAN. Al principio de la administración, se temía que un impuesto fronterizo fuera aprobado por el Congreso como parte de un nuevo acuerdo tributario en los Estados Unidos, lo que resultaría en un impuesto del 20% sobre el petróleo que entraba en el mercado estadounidense, lo cual arriesgaría a tomar medidas de represalia de México. Aunque muy elogiada como una opción política por el Presidente Trump y el Partido Republicano en el Congreso, esta opción fue descartada recientemente por el Congreso y es poco probable que sea resucitada en un futuro próximo.

Otros dos elementos se destacan en las conversaciones del TLCAN. La primera ha sido enfatizar la importancia de México como mercado energético para Estados Unidos. A pesar de que México ha sido tradicionalmente exportador neto de hidrocarburos a los Estados Unidos, desde 2014 esa situación se ha invertido, por un lado, con la disminución de la producción de petróleo crudo combinada con los bajos precios del crudo, y por el otro, por las crecientes importaciones mexicanas de gas natural y productos refinados. Esto ha significado que, para 2016, Estados Unidos registró cerca de un excedente de $10 mil millones en su comercio de energía con México. El Presidente Trump ha hablado repetidamente sobre la necesidad de afirmar la «dominación» de la energía estadounidense y la creciente importancia de los mercados de gas natural y combustibles post reforma, que no han pasado desapercibidos.

El segundo elemento que se convertirá en un foco para la industria de hidrocarburos ha sido los mecanismos de resolución de controversias incluidos en el acuerdo. Estos elementos, especialmente los capítulos 11 y 19, se convirtieron en blancos favoritos, primero del candidato y luego del presidente Trump. Aunque ambos han defendido sin duda los intereses del gobierno de Estados Unidos y de las compañías estadounidenses durante toda la vida del acuerdo, la administración Trump lo ve como un gravamen molesto que limita la soberanía de los Estados Unidos. Para la industria petrolera, sin embargo, especialmente en México, el Capítulo 11 en particular ha sido de vital importancia para brindar confianza a las empresas estadounidenses y canadienses, quienes se han asegurado de que sus inversiones multimillonarias estarían protegidas por las disposiciones del TLCAN. Esto es, por supuesto, de vital importancia en el contexto de un cambio de gobierno tras las elecciones de julio de 2018 en México y el riesgo de que un Presidente hostil al nuevo modelo energético llegue al poder.

Estos dos elementos tienen un apoyo sustancial en las negociaciones trilaterales: México y Canadá han hecho hincapié en la importancia del comercio de energía y México ha pedido específicamente una modernización del capítulo energético del TLCAN (capítulo 6), en particular sobre las reservas hechas en el Anexo 602.3 en el cual el petróleo y gas  fueron excluidos del acuerdo. Aunque Estados Unidos no ha identificado la energía como una prioridad entre sus objetivos, no obstante, busca «preservar y fortalecer las inversiones, el acceso al mercado y las disciplinas empresariales estatales que beneficien a la producción y transmisión de energía y apoyen la seguridad e independencia energética de América del Norte, mientras promueven la apertura continua del mercado energético reformado”. El lenguaje empleado en la declaración de objetivos de México es indudablemente coherente con esto.

Aunque, claramente, hay mucho en juego en las próximas conversaciones, la industria de gas y petróleo de América del Norte parece estar bien posicionada para defender sus intereses. Sin embargo, es esencial que un resultado positivo no se dé por sentado. La realidad jurídica de asegurar la protección de los inversionistas y garantizar el libre acceso a los mercados energéticos regionales debe alcanzarse para asegurar los beneficios del nuevo modelo energético de México.

Figure 1: U.S.-Mexico Energy Trade

Source: EIA

Duncan Wood.

Es director del Mexico Institute del Woodrow Wilson Center.

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