Con la exitosa conclusión de la primera licitación de la Ronda Dos, donde se adjudicaron 10 bloques de los 15 disponibles, es buen momento para hacer un ‘corte de caja’ de cómo se afianzan estas inversiones en el nuevo modelo energético mexicano. A la fecha, se han celebrado 49 contratos con 56 empresas, mexicanas y extranjeras, con una inversión estimada de 56 mil 963 millones de dólares durante la vida de los proyectos. En términos de sísmica, se han otorgado 54 autorizaciones a 20 empresas para el estudio del subsuelo mexicano que representa recursos superiores a 2 mil millones de dólares. La inversión en infraestructura, sobre todo la de gasoductos, no se ha quedado atrás: 22 proyectos con montos comprometidos por más 12 mil millones de dólares. Eso sin contar las inversiones en el sector eléctrico, que sigue atrayendo las tarifas más competitivas del planeta a través de las subastas de largo plazo.
A simple vista, el panorama es bastante alentador y es reflejo de dos condiciones estructurales: el gran potencial que tiene México —sobre todo bajo tierra— pero también de la subinversión que vivió el sector energético al vivir de la disponibilidad de recursos del erario federal y, en su caso, de la emisión de deuda.
Esta visión macro del sector, sin embargo, oculta dinámicas muy importantes para llevar a buen puerto todo tipo de proyectos: la perspectiva local. Muchos de los reflectores con respecto a las comunidades se han quedado únicamente en la consulta ciudadana (necesaria y requerida por la Ley de Hidrocarburos).
El ejemplo más reciente del impacto social sobre un proyecto energético fue la remoción de dos bloques (los números 10 y 11) de la segunda licitación de la Ronda Dos. Las razones de este cambio son varias, como la interferencia de grupos opositores a los proyectos de hidrocarburos; las malas prácticas de algunos despachos en la obtención de los derechos sobre los terrenos necesarios —como ocurrió con la hidroeléctrica La Parota de Comisión Federal de Electricidad en 2012—; así como la mala imagen y recuerdo que dejó la petrolera estatal durante su monopolio de 75 años. Es necesario para las autoridades y empresas que quieran hacer trabajos en México, reconocer estás dinámicas antes de proponer y operar un proyecto.
También es esencial informar a las comunidades y a la población en general sobre cómo funcionan los proyectos; los riesgos que involucran; los planes de administración, prevención y mitigación de posibles afectaciones; el ciclo de las inversiones y las oportunidades que derivan de los proyectos. Incluso, informarles de los beneficios materiales que se derivan de la producción (establecidos en el Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos). Solo de esta forma, las comunidades se pueden integrar como aliados y no como opositores al nuevo modelo energético mexicano.
En ese tenor, el tema de los empleos se vuelve uno de los más importantes para las comunidades. No pasaron desapercibidas las notas (en periódicos locales y nacionales) que hablan de cómo se detuvo la actividad económica en varios estados petroleros cuando Pemex hizo recortes a sus inversiones. Sin embargo, el tono actual de estas notas es que en el momento en que Pemex abra de nuevo la cartera, las cosas regresarán a la normalidad y la prosperidad de antes, volverá. Todo esto, ignorando si esas inversiones son rentables para la petrolera estatal y por ende, para el país.
Es necesario explicar lo que significa la nueva realidad petrolera mexicana, sobre todo con relación a la generación de empleos: los proyectos tienen un ciclo de inversión donde, en las primeras etapas, se requiere mayor mano de obra para la construcción y preparación de terrenos (en el caso de proyectos en tierra). En contraste, durante la fase de operación, apenas se necesita un puñado de trabajadores. Adiós a las otrora gigantes —e innecesarias— cuadrillas de trabajadores.
Sin embargo, esto no significa que la bonanza que se espera sea una ilusión inalcanzable. Todo lo contrario. Es necesario explicar que la actividad petrolera tiene un efecto multiplicador a lo largo y ancho de la vida de las comunidades.
Los programas sociales son mucho más que una aportación económica al municipio o localidad y se debe explicar a comunidades y autoridades locales que la derrama económica de los proyectos incluye sectores como el comercio, alimentación, hospedaje. También, que los empleos generados a partir del sector energético incluyen una gran variedad de servicios relacionados a los proyectos. El objetivo de este acercamiento es, principalmente, mostrarles que el mercado energético es mucho más grande y diverso con nuevos operadores, además de Pemex.
Gonzalo Monroy
Director general de la empresa de consultoría GMEC
