Por: Layla Vargas y Marco Cota
La Rectoría del Estado en materia de exploración y extracción de gas y petróleo es uno de los pilares de la reforma energética. Es un elemento frecuentemente referenciado en opiniones y comentarios. Para usar términos sociológicos, forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Es por ello que el Artículo 25 Constitucional señala que la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de nuestra naciente industria por lo que el Estado debe supervisar sus procesos y cada paso en la ejecución del modelo.
Se ha puesto menos atención a la otra cara de la moneda. Una industria sobre-regulada implica sobre-costos de cumplimiento que destruyen valor y tienen como consecuencia una menor renta petrolera para el Estado.
A casi cuatro años de la reforma energética, el marco regulatorio aplicable a la exploración y extracción contiene ya 88 documentos: 12 Leyes, 10 Reglamentos, 9 Lineamientos, 7 Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), 1 criterio interpretativo de una DACG, 1 Disposición Técnica, 6 Acuerdos, 40 Formatos y 2 Guías. A este número hay que añadir las regulaciones que se encuentran en proceso de publicación, como es el caso de los lineamientos de unificación y los lineamientos para el pago a propietarios de tierras, ambos de la SENER, así como la regulación que se emitirá como para la operación de recursos no convencionales.
Por titánica que sea la tarea del conocimiento a detalle de este marco legal, es necesaria para las 67 empresas petroleras que operan hoy en día en nuestro país. El incumplimiento de cualquier aspecto del marco jurídico conlleva no sólo penalidades monetarias. Existen también varias obligaciones que, si se incumplen, permiten al Estado rescindir los contratos o revocar las asignaciones de Pemex.
Esto no es todo. De los 88 documentos que conforman el marco legal y regulatorio del sector de exploración y extracción se desprenden al menos 230 trámites (de los cuales sólo 210 están registrados en Cofemer) que los contratistas deberán presentar ante las siguientes oficinas gubernamentales:
Varios de estos trámites podrían tener que presentarse en dos o más ocasiones a lo largo de la vida del contrato. Por ejemplo, la Evaluación de Impacto Social (EVIS) debe presentarse en los primeros 120 días hábiles después de la firma del contrato, pero debe actualizarse en caso de que el proyecto alcance la etapa de desarrollo y producción (lo que implicaría presentar un nuevo trámite). Además, 46 de los 230 son trámites que se deben cumplir de forma periódica como en el caso de reportes de producción, reservas, contenido nacional, gastos, entre otros, por lo que deben ser presentados con frecuencias diaria, mensual, trimestral, semestral, anual, bianual o trianual.
En total, un operador petrolero podría llegar a realizar más de mil trámites gubernamentales a lo largo de la vida de un solo proyecto. Como despacho, actualmente estamos trabajando en una estimación precisa del costo económico del cumplimiento. Pero es claro que podría ascender a varios millones de dólares.
Es necesario establecer mecanismos para controlar estos costos y eficientar la operación de la industria.
Una buena iniciativa fue la realizada en 2016 por el Comité Nacional de Productividad (el cual es presidido por el Presidente de la República) en la que se recomendó la creación de una Plataforma Digital para agilizar trámites del sector petrolero. Este proyecto busca homologar las diferentes ventanillas para agilizar la gestión de los trámites. A pesar de su amplio alcance, sin embargo, su implementación no terminará de solucionar una problemática que es de naturaleza privada y que tiene que ver con la administración del cumplimiento contractual y regulatorio.
Después de ocho meses de un intenso estudio y análisis del marco regulatorio, estamos convencidos que la solución requerirá no sólo de especialistas en temas legales y regulatorios del sector sino también de una colaboración de largo plazo entre gobierno e industria para reducir el costo de cumplimiento regulatorio sin comprometer la Rectoría del Estado.
Layla Vargas y Marco Cota
Socios fundadores de Covar Energy Consulting.
Covar Energy Consulting es un despacho especializado en el desarrollo de soluciones para facilitar la administración contractual y el cumplimiento regulatorio de la industria de exploración y extracción en México. Puedes suscribirte a su newsletter@covarenergy.com, que explora modificaciones al marco legal y regulatorio del sector semana con semana.
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